I would like to
welcome Alberto Martin Alvarez for a guest post on
political change and civil society in El Salvador. Alberto is a professor in
the Centro Universitario de Investigaciones Sociales at
the Universidad de
Colima in Colima, Mexico.
El Salvador a veinte
años de los Acuerdos de Paz:
Cambio político y
sociedad civil
Las elecciones de marzo
de 2009 representaron un cambio político histórico en El Salvador. Al abrir la
vía a la alternancia en el control del ejecutivo, se puede afirmar que dichos
comicios cerraron el ciclo abierto por la firma de los Acuerdos de Chapultepec
de enero de 1992.
Desde 1989 y hasta hace
dos años, el gobierno salvadoreño, - pero también otras estructuras del Estado
como el poder legislativo y el judicial-, estuvieron dominados por la Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA). Surgido inicialmente como expresión política
de diversos sectores de la derecha salvadoreña (grandes productores agrícolas y
agroindustriales, financieros y militares), este partido puso en marcha una
agenda de reformas económicas y del Estado a lo largo de las dos décadas en las
que se mantuvo al frente del ejecutivo. Desde un planteamiento económico
ortodoxamente neoliberal, ARENA implementó un extenso programa de
privatizaciones. Desde 1989 se produjo la re – privatización de la banca, del
comercio exterior de café y azúcar, de la Administración de Comunicaciones
(ANTEL), de la distribución de energía eléctrica, del sistema de pensiones, de
los ingenios azucareros, entre otros. En la década de dos mil, el gobierno de
Francisco Flores realizó el intento de privatización de la Seguridad Social (ISSS)
y el de Tony Saca firmó la adhesión de El Salvador al Tratado de Libre Comercio
de América Central (CAFTA). Con ello, los gobiernos de ARENA completaron el
rediseño de una economía que hoy cifra sus posibilidades de crecimiento en la
apertura comercial y en el desarrollo de las exportaciones, pero que a la vez
genera una fortísima concentración de la riqueza (El Salvador continua siendo
una de las sociedades con mayores desigualdades en la distribución de renta del
hemisferio) que ha renunciado a la soberanía alimentaria, y ha condenado a
cientos de miles de salvadoreños a emigrar.
Si bien en los primeros
años la sociedad civil no fue capaz de ofrecer una respuesta firme a estas
políticas, - y la oposición del FMLN no fue efectiva al no poder ejercer un
contrapeso efectivo desde el poder legislativo-, desde inicios de la década de
dos mil una serie heterogénea de actores sociales se organizó en contra de
ellas. Las movilizaciones contra la privatización del ISSS y en oposición al
CAFTA fueron las más masivas de entre las registradas desde finales de los años
setenta. Sin embargo, y frente al protagonismo que
tuvieron sindicatos, campesinos y estudiantes en aquel periodo
histórico, las protestas de la década del dos mil han supuesto el surgimiento
de nuevos actores como el movimiento de mujeres, el ecologismo, las ONG o los
trabajadores informales. También, y a diferencia de los setenta y
ochenta, los movimientos populares mantienen una mayor independencia respecto
de la izquierda política. Si en el pasado el FMLN hegemonizó – y con no poca
frecuencia instrumentalizó- al movimiento social, las dos últimas décadas han
mostrado a una sociedad civil mucho más independiente del Frente, con el que
mantiene una relación de apoyo crítico.
La llegada del FMLN al
gobierno creó fuertes expectativas de mejora de la situación de la clase
trabajadora, de satisfacción de las demandas de justicia respecto de las
violaciones a los derechos humanos durante la guerra, de oposición a los
proyectos industriales o mineros de alto impacto ambiental, entre otros muchos
reclamos populares y de la sociedad civil, no satisfechos durante los últimos
veinte años. El lento ritmo de los cambios – o su inexistencia – en estos
primeros dos años y medio de gestión del presidente Funes, ha
provocado protestas de diversos sectores: transportistas, empleados públicos
(Hacienda, ANDA, INDES, poder judicial), lisiados de guerra, vendedores
callejeros, entre otros.
Los
sectores más críticos del movimiento social acusan a Funes de persistir en las
políticas económicas neoliberales implantadas por ARENA, lo que en cierto
sentido es verdad pues no ha habido hasta el momento una alteración sustancial
de las mismas, ni se han conseguido mejoras en otros aspectos críticos
(seguridad). En este contexto, da la impresión de que algunos sectores de la
sociedad civil organizada empiezan a ser partidarios de tornar su apoyo crítico
al gobierno en oposición abierta. En estas circunstancias es importante
interrogarse en qué medida puede este descontento erosionar el voto del FMLN de
cara a los próximos comicios. El partido ha tratado desde el principio de
presentarse como un aliado del gobierno, y no como el partido que ostenta el
poder. Pero, ¿hasta qué punto el electorado será capaz de distinguir entre las políticas
del presidente y la estrategia de largo plazo del FMLN? ¿Otorgarán su confianza
de nuevo los votantes al Frente esta vez con un candidato revolucionario de
“pura sangre”, o el desgaste del presidente Funes afectará en la misma medida
al partido que lo apoya?